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El Plan Moves III, una de las iniciativas más importantes para fomentar la movilidad sostenible en España, ha enfrentado un revés significativo tras el rechazo del decreto ‘ómnibus’. Este decreto buscaba prorrogar las ayudas para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga hasta el 30 de junio de 2025. A continuación, analizamos las implicaciones de esta decisión y cómo afecta a particulares, empresas y administraciones públicas.
El decreto ‘ómnibus’ no solo pretendía extender el Plan Moves III, sino también mantener una deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, su rechazo ha dejado sin efecto estas medidas, lo que supone un freno a los incentivos económicos para la transición hacia la movilidad eléctrica.
Entre las ayudas que se ven afectadas destacan:
Ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos: Estas subvenciones alcanzaban hasta 4.500 euros por turismo y hasta 7.000 euros en caso de achatarramiento. Para vehículos comerciales de hasta 3.500 kilos, las ayudas oscilaban entre 7.000 y 9.000 euros con achatarramiento.
Deducción fiscal del 15% en el IRPF: Esta medida, implantada en junio, permitía a los contribuyentes deducir un 15% del importe de la compra de un vehículo eléctrico en su declaración de la renta. Su eliminación reduce el atractivo económico de adquirir este tipo de vehículos.
El Plan Moves III también contemplaba ayudas significativas para la instalación de puntos de recarga, tanto para particulares como para empresas y administraciones públicas. Estas subvenciones, que ahora decaen, estaban diseñadas para impulsar la infraestructura necesaria para la movilidad eléctrica.
Ayudas para particulares: En localidades con menos de 5.000 habitantes, se ofrecía una subvención de hasta el 80% del coste de instalación. En localidades más grandes, el porcentaje alcanzaba el 70%.
Subvenciones para empresas y administraciones públicas:
Para puntos de recarga de hasta 50 kW, las ayudas oscilaban entre el 35% y el 55% en localidades de más de 5.000 habitantes, y entre el 40% y el 60% en localidades más pequeñas.
Para puntos de recarga superiores a 50 kW, las subvenciones variaban entre el 30% y el 40%, dependiendo del tamaño de la localidad.
Aunque el Plan Moves III ha sido un pilar fundamental en la promoción de la movilidad sostenible, su futuro ahora parece incierto. Será crucial ver cómo el Gobierno y las instituciones responden a este desafío para mantener el impulso hacia una movilidad más limpia y eficiente.
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